Pese a que su construcción terminó hace cuatro años, el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “el Torito”, continúa sin prestar servicio en Zacatecas, mientras las autoridades mantienen pendiente su puesta en operación.
La falta de funcionamiento persiste aun cuando desde enero de 2025 está vigente un reglamento que contempla arrestos administrativos de hasta 36 horas para quienes sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol. El inmueble cuenta con seis celdas que hasta ahora permanecen sin utilizar.
El proyecto comenzó a enfrentar retrasos desde 2022, cuando el Gobierno de Zacatecas anunció que el centro sería inaugurado en septiembre de ese año. Desde entonces, su apertura ha sido aplazada en distintas ocasiones por trámites y modificaciones al marco legal.
Con una inversión cercana a los siete millones de pesos, la obra fue financiada por la Fundación AB InBev-Grupo Modelo. En agosto de 2022, antes de la Feria Nacional de Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila incluso realizó un recorrido por las instalaciones.
El avance jurídico llegó hasta agosto de 2024, cuando el Congreso estatal aprobó una nueva Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad. Posteriormente, en enero de 2025, la reforma al reglamento fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, estableciendo formalmente los arrestos administrativos para conductores que manejen en estado de ebriedad.
A partir de estas disposiciones, los automovilistas pueden ser sometidos a pruebas para determinar la presencia y cantidad de alcohol en el aire espirado, así como para detectar el posible consumo de otras sustancias, cuando la autoridad vial lo considere necesario.
En caso de acreditar que una persona conduce bajo los efectos del alcohol, la legislación contempla un arresto de entre ocho y 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas. La medida también puede sustituirse por una multa de hasta 240 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a más de 27 mil pesos, además de la suspensión de la licencia por un periodo de uno a tres años.
Ante la falta de operación del inmueble, la diputada Isadora Santivañez Ríos, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito del Congreso local, cuestionó los retrasos y señaló que existe falta de compromiso para concretar su apertura.
La legisladora pidió al Gobierno estatal colocar este proyecto entre sus prioridades y avanzar hacia el inicio definitivo de actividades, al considerar que el centro puede convertirse en un instrumento efectivo para aplicar sanciones a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Santivañez Ríos sostuvo que contar con un espacio para el arresto temporal de infractores y la retención de licencias permitiría establecer medidas más estrictas y proporcionales, en contraste con el esquema anterior, que se enfocaba principalmente en el aseguramiento de los vehículos.
Los riesgos asociados al consumo de alcohol al volante también han generado preocupación entre especialistas. Alfredo Méndez, responsable del Programa Estatal de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial, señaló que las estadísticas más recientes de la Secretaría de Salud de Zacatecas muestran un incremento de 3 a 9.7 por ciento en los accidentes mortales relacionados con el consumo de alcohol.
El funcionario indicó que el aumento registrado entre 2022 y 2023 prácticamente triplicó el indicador y advirtió que la tendencia ascendente se mantiene desde 2020, aunque Zacatecas todavía se encuentra por debajo del promedio nacional.
Frente a este escenario, Méndez consideró que la entrada en funcionamiento del Centro de Sanciones Administrativas podría contribuir a reducir los accidentes vinculados con el consumo de alcohol, al establecer una consecuencia directa para quienes infrinjan la normativa.
Afirmó que el cumplimiento de un arresto administrativo puede representar un elemento disuasivo, debido a que obliga al infractor a permanecer bajo resguardo durante un periodo determinado, sin importar su condición o nivel socioeconómico.
De manera paralela, la Secretaría de Salud estatal mantiene acciones preventivas mediante el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, organismo en el que participan alrededor de 50 dependencias, entre ellas la Policía de Seguridad Vial, la Guardia Nacional y las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Las estrategias incluyen jornadas de concientización en escuelas primarias y secundarias, además de actividades dirigidas a la ciudadanía para informar sobre los principales factores de riesgo relacionados con los accidentes viales y promover una conducción responsable.
