La incertidumbre sobre las condiciones de compra de la próxima cosecha de frijol encendió la inconformidad entre productores de Zacatecas, quienes exigieron al Gobierno Federal respetar el precio de garantía de 27 mil pesos por tonelada y conservar el límite de recepción de hasta 15 toneladas por agricultor. Los campesinos rechazaron la posibilidad de que el pago disminuya a 20 pesos por kilogramo, al advertir que esto agravaría las dificultades económicas que enfrentan por los elevados costos de producción y la falta de lluvias.
Aunque el acopio correspondiente al ciclo primavera-verano 2026 está previsto para los primeros días de diciembre, todavía no se conocen oficialmente el precio de compra ni los volúmenes autorizados por productor. Ambos criterios deberán establecerse en las reglas de operación, cuya publicación sigue pendiente. En este contexto, la organización Galifrijoleros, mediante un pronunciamiento difundido por su dirigente Fernando Galván, también denunció trabas administrativas, demoras en los trámites y deficiencias en las instalaciones de Alimentación para el Bienestar.
Por su parte, el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Ulises Mejía Haro, adelantó que se preparan ajustes para mejorar el funcionamiento del programa, entre ellos la instalación de cámaras de vigilancia, el uso de costales sellados y foliados conforme a las cantidades declaradas por cada agricultor y la programación semanal de recepción en los centros de acopio. También se contempla la participación de verificadores comunitarios, recorridos de la Guardia Nacional y pagos mediante tarjetas del Banco del Bienestar.
El funcionario recordó que durante el ciclo anterior se recibieron aproximadamente 107 mil toneladas de frijol, aunque reconoció que el esquema no benefició de manera suficiente a los pequeños agricultores. Incluso relató que, al preguntar a cerca de 100 productores quién había conseguido vender su cosecha al precio de 27 mil pesos por tonelada, ninguno manifestó haberlo logrado. Por ello, aseguró que se busca establecer un mecanismo que garantice pagos superiores a los costos de producción y amplíe la cobertura en Zacatecas, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Chihuahua.
Entre las medidas administrativas también se contempla corregir problemas relacionados con la apertura tardía de bodegas, la distribución incompleta de costales y los retrasos en los pagos. Mejía Haro confirmó que Ángel Oláis, quien encabezó la Unidad 2 de Acopio para el Bienestar en Zacatecas, no estará al frente del proceso de recepción del próximo ciclo. Asimismo, precisó que el registro para obtener la tarjeta del Banco del Bienestar está dirigido a productores con hasta cinco hectáreas de riego o 30 de temporal, pero aclaró que este trámite todavía no garantiza una cantidad determinada de grano por entregar.
Las exigencias de Galifrijoleros también incluyen simplificar los requisitos documentales, aceptar actas de nacimiento legibles y vigentes sin limitar su expedición a los últimos tres meses y eliminar la obligación de proporcionar coordenadas geográficas de los domicilios, debido a las condiciones de inseguridad en distintas zonas del estado. De acuerdo con la organización, los procedimientos pueden extenderse hasta 90 minutos cuando se presenta un contrato de arrendamiento y alrededor de 40 minutos cuando no se requiere ese documento.
Ante las dificultades, los agricultores solicitaron modernizar los sistemas informáticos, aumentar el personal de atención, publicar cuanto antes las reglas de operación, garantizar la apertura de todos los centros de acopio y autorizar bodegas particulares como puntos de recepción. También pidieron liberar las existencias almacenadas para facilitar la comercialización de sus cosechas y evitar que los intermediarios o llamados coyotes regionales se aprovechen de la necesidad de vender el producto.
En paralelo, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, informó que se encontraba en Zacatecas para reunirse con organizaciones campesinas, escuchar sus demandas y buscar alternativas de solución. Además, Mejía Haro anunció la instalación de ventanillas itinerantes para acercar programas como Cosechando Soberanía, que ofrece financiamiento con tasas de hasta 7.5 por ciento, así como apoyos en fertilizantes definidos según el cultivo y los estudios de suelo. Sobre el subsidio energético, indicó que su avance en la entidad supera el 95 por ciento.




