Sin una resolución a la vista, el conflicto legal entre el Gobierno del Estado de Zacatecas y la empresa Grupo Hycsa, encargada del proyecto del viaducto elevado en la capital, continúa entrampado en los tribunales, alargando la definición sobre el llamado segundo piso del bulevar.
A pesar de diversos intentos de conciliación, autoridades estatales confirmaron que no se ha logrado un acuerdo con la constructora respecto a los recursos entregados como anticipo, los cuales ascienden a 540 millones de pesos; de ese monto, el gobierno busca recuperar 370 millones.
En medio de la disputa, el señalamiento principal radica en que la empresa no ha podido sustentar el monto que reclama, lo que derivó en una demanda formal que mantiene abierto el proceso judicial.
Actualmente, el caso se encuentra en manos del Tribunal de Justicia Administrativa, luego de que las mesas de negociación se agotaran a inicios de este año, dando paso a una etapa completamente legal.
Desde el ámbito jurídico del estado, se ha advertido que, de no alcanzarse una conciliación, el litigio podría prolongarse incluso hasta la siguiente administración estatal, considerando los tiempos que implican las etapas probatorias, la emisión de una sentencia y la posibilidad de interponer un amparo.
De acuerdo con la normativa vigente en obra pública, la empresa recibió en 2024 un anticipo equivalente al 15 por ciento del costo total proyectado para la obra, estimada en mil 652 millones de pesos.
Antes de la suspensión del proyecto, ordenada judicialmente en marzo de 2025, la constructora reportó avances como la elaboración del proyecto ejecutivo, trabajos preliminares en infraestructura hidráulica y perforaciones para cimentación.
El desarrollo del viaducto elevado fue detenido tras la presentación de amparos por parte de ciudadanos, colectivos y actores políticos, quienes cuestionaron la legalidad de la obra.
Entre los principales argumentos destacan presuntas irregularidades en los permisos, insuficiencia de estudios técnicos y posibles afectaciones al entorno urbano, especialmente en el Centro Histórico de Zacatecas.
A la par del proceso legal, la obra ha sido objeto de un amplio debate público debido a su costo, impacto en la movilidad y el riesgo de modificar la imagen de una zona catalogada como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
