Al menos cuatro ayuntamientos buscan cubrir parte de sus obligaciones mediante la venta o entrega de propiedades; los adeudos han derivado en embargos de cuentas bancarias y presiones sobre las finanzas locales.
Los pasivos acumulados por los gobiernos municipales de Zacatecas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascienden a 966.7 millones de pesos. De acuerdo con información del organismo, 42 ayuntamientos mantienen adeudos por cuotas obrero-patronales y aportaciones al seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), una situación que ha llevado a varias administraciones a buscar alternativas para regularizar sus obligaciones.
Como medida para reducir sus compromisos financieros, al menos cuatro municipios han planteado vender bienes públicos o entregarlos al Instituto bajo el esquema de dación en pago. La falta de cumplimiento también ha ocasionado el embargo de cuentas bancarias de 14 ayuntamientos en diferentes años, entre ellos Villa González Ortega, con 103.6 millones de pesos embargados; Villa Hidalgo, con 57 millones; Moyahua, con 8.4 millones; Pánfilo Natera, con 5.3 millones, y Trancoso, con dos millones 595 mil pesos.
En Trancoso, el presidente municipal, Antonio Rocha, propuso entregar al IMSS una clínica que permanece en obra negra, con la intención de disminuir el adeudo del Ayuntamiento. Aunque el alcalde señaló que el pasivo ronda los 80 millones de pesos, las cifras oficiales del Instituto, actualizadas a agosto de 2026, reportan obligaciones por 91.1 millones de pesos en cuotas obrero-patronales y otros 126 millones por el seguro RCV, para un total de 217.1 millones. Este monto coloca al municipio en el segundo lugar estatal con la mayor deuda ante el organismo.
La propuesta de entregar el inmueble fue presentada a principios de año, pero la administración municipal continúa sin recibir una respuesta definitiva. Rocha explicó que tampoco existe una estimación del monto que el Instituto podría reconocer por la propiedad, debido a que sus criterios de valuación son diferentes de los precios comerciales.
El alcalde atribuyó el origen de la deuda a gobiernos anteriores y advirtió que su magnitud representa una carga difícil de solventar para las finanzas locales. Indicó que el Ayuntamiento dispone de aproximadamente 30 millones de pesos anuales, cantidad que considera insuficiente para liquidar una obligación de esa dimensión sin poner en riesgo la prestación de los servicios municipales.
Pese al pasivo histórico, el edil aseguró que su administración mantiene al corriente las cuotas ordinarias correspondientes a cerca de 140 trabajadores afiliados al IMSS. Para cumplir con esta responsabilidad, destina alrededor de 200 mil pesos mensuales y afirmó que los empleados conservan su derecho a recibir atención médica.
Con una deuda de 240 millones de pesos al cierre de agosto de 2026, Sombrerete encabeza la lista de los municipios zacatecanos con mayores compromisos ante el Seguro Social. De ese monto, casi 50 millones corresponden a multas acumuladas desde marzo de 2016, cuando comenzaron a registrarse los primeros incumplimientos.
Durante 2025, el alcalde Ramiro Hinojosa informó que existían negociaciones para entregar una guardería y un complejo de campos deportivos como parte del pago. Sin embargo, el IMSS comunicó, mediante una respuesta a una solicitud de transparencia, que rechazó los bienes porque no cumplían con las condiciones de funcionalidad necesarias para atender los objetivos institucionales.
Una alternativa distinta se abrió para Huanusco el pasado 13 de octubre, cuando la Legislatura de Zacatecas aprobó la solicitud de la alcaldesa Julieta Isamar Camacho García para desincorporar y vender tres terrenos propiedad del municipio. Los recursos obtenidos se destinarán a cubrir los compromisos pendientes con el IMSS.
El adeudo se originó por el incumplimiento de cuotas obrero-patronales y aportaciones para el retiro desde 2014. La deuda histórica alcanzaba los 11.2 millones de pesos, pero, después de que el Instituto condonó un millón 158 mil pesos en recargos, el municipio reconoció una obligación cercana a los 10 millones de pesos.
Para atenderla, en agosto de 2025 se firmaron dos convenios de pago. Uno establece mensualidades de 109 mil pesos durante seis años por concepto de cuotas obrero-patronales, mientras que el segundo contempla cubrir las aportaciones de retiro en un plazo de tres años, con pagos promedio de 100 mil pesos. En conjunto, los compromisos representan alrededor de 209 mil 672.95 pesos mensuales.
La situación financiera se complicó en julio de 2026, cuando el IMSS embargó las cuentas bancarias municipales como parte de un procedimiento de cobro fiscal. Frente a este escenario, la venta de los tres predios busca generar recursos para atender las obligaciones pendientes. Los terrenos abarcan una superficie conjunta de tres mil 852.92 metros cuadrados y cuentan con un valor comercial de tres millones 565 mil 952 pesos, de acuerdo con los avalúos correspondientes.
A diferencia de los municipios que todavía negocian o buscan vender propiedades, Guadalupe ya concretó una operación de dación en pago con el IMSS. En mayo de 2026, el Consejo Técnico del organismo autorizó recibir la Alberca Olímpica municipal para regularizar una deuda por cuotas obrero-patronales, en una operación que el Instituto presentó como la primera de su tipo en México.
La propiedad, incluido el terreno, las construcciones, las instalaciones especiales y las obras complementarias, tenía un valor comercial aproximado de 102.2 millones de pesos, según el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). No obstante, para efectos de la operación, el monto reconocido fue de alrededor de 61 millones de pesos.
Al explicar el origen del pasivo, el alcalde José Saldívar Alcalde señaló que la deuda correspondía a administraciones anteriores y estaba relacionada con cuotas e impuestos descontados a los trabajadores que no fueron entregados a las instituciones correspondientes.
Los casos de Guadalupe, Huanusco, Sombrerete y Trancoso muestran las distintas vías que los gobiernos locales han intentado utilizar para enfrentar sus obligaciones con el Seguro Social, desde la venta de terrenos hasta la transferencia de instalaciones públicas, en medio de adeudos que comprometen sus recursos y capacidad de operación.
